TRANSFERNCIA OFF. Bomberos amarillos solicitaron intermediación de concejales ante el intendente.
Suma y sigue la “evolución” de compromisos incumplidos en la administración del intendente de Caacupé, Diego Riveros (PLRA). Esta vez el jefe comunal no transfiere los fondos creados para los bomberos voluntarios de la “Capital espiritual”. La falta de liquidez en la municipalidad afecta incluso al pago de alquiler de locales utilizados para oficinas y salarios a funcionarios, a días de las elecciones internas.
PUBLICACIÓN. Bomberos amarillos reclaman cumplimiento de la ordenanza.
En agosto del año pasado, la Junta Municipal de Caacupé autorizó a la Intendencia Municipal a recargar la suma de G. 10.000 en el cobro de los siguientes rubros: expedición de registros de conducir, habilitación de rodados en general y patente comercial. La municipalidad cobra a los contribuyentes, pero no cumple con la ordenanza N° 55/2025 que autoriza la transferencia a los bomberos.
De acuerdo a lo que dispone la normativa municipal este recargo, destinado al fondo especial para su posterior transferencia en forma trimestral, hasta ahora no ha sido cumplido por el jefe comunal. De la totalidad de la recaudación del fondo especial el 60% debe transferir a los bomberos azules y el 40% a los bomberos amarillos, mediante la firma de un convenio de cooperación.
La semana pasada, durante la sesión ordinaria de la Junta Municipal, los bomberos amarillos solicitaron la intermediación de la corporación legislativa comunal ante el intendente para que el mismo de cumplimiento a la referida ordenanza municipal. La falta de transferencia de este recurso afecta directamente la capacidad operativa de los voluntarios en cuanto a respuestas en situaciones de emergencia surgida en Caacupé.
PMT. Estarían con los brazos cruzados por falta de cobro de haberes mensuales.
La falta de liquidez, que estaría experimentado la administración de Riveros a días de las elecciones internas municipales, hace que la municipalidad no pueda cumplir con sus compromisos contractuales como el caso de alquiler de locales para oficinas comunales, pago de salarios a funcionarios, como el caso específico de los integrantes de la Policía Municipal de Tránsito (PMT), cuyo atraso ya estaría alcanzando tres meses.
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