El intendente municipal de Caacupé, Diego Riveros (PLRA), busca de cualquier manera conseguir dinero para las escuálidas arcas municipales. Para ello, no tiene empacho en incumplir la ordenanza municipal N° 62/2008. Por un monto de G. 76 millones, que entregará la empresa como compromiso social, utiliza a sus leales en la Junta Municipal para hacer aprobar la instalación de antena de telefonía en el barrio Santa María.
Sin embargo, la intención del jefe comunal se atrasó por una semana más a raíz de oposición que encontró en la corporación legislativa comunal, en la última sesión realizada la semana pasada. La inversión en la instalación de la antena sería de 381 millones de guaraníes, y el 20% de ese presupuesto asciende a G. 76.343.089 que la intendencia conseguir para para luego transferir a la Comisión de Seguridad Ciudadana.
VIOLACIÓN DE LA ORDENANZA
La ordenanza municipal N° 62/2008, en su artículo 6, establece que “la empresa interesada deberá, como compromiso social, presentar un proyecto de atención al sector afectado por estas instalaciones que serán dirigidas a centros comunitarios, plazas o escuelas”. Riveros quiere destinar el monto de más de 76 millones a la referida comisión para compra de 16 cámaras de vigilancia para la zona céntrica de Caacupé.
En el artículo 15, de la misma ordenanza, que “el expediente de solicitud de aprobación de colocación será acompañado de una nota de conformidad de los vecinos afectados, ya sea a través de una audiencia pública u otros medios que demuestren la aceptación de los mismos”. El expediente presentado y que Riveros busca su aprobación no cuenta con este requisito ya que los vecinos afectados no fueron consultados.
LEALES VS DETRACTORES
Celeste Vera (PLRA), una de las concejalas que defiende a rajatabla a Riveros en la Junta Municipal, sin tener en cuenta los beneficios o afectaciones de la ciudadanía, mocionó la aprobación de la solicitud pese a la violación de la ordenanza. “De mi parte nada más que mocionar la aprobación y dejar a cargo del pleno de la Junta”, dijo en la plenaria y la moción fue secundada por su colega Roberto Núñez (PLRA).
Por su parte, Rubén Bobadilla (ANR), luego de leer los articulados de la referida ordenanza municipal que regula la instalación de torres y antenas, argumentó su postura afirmando que “estos requisitos mencionados no se encuentran en el expediente por tanto se recomienda su rechazo hasta tanto reúnan los requisitos”.
MIMADO DE RIVEROS CONDICIONA SU POSTURA
A su turno, el concejal Blas Ayala (PLRA), que también acostumbra defender al intendente, esta vez sostuvo que se mantenía en su postura de rechazar la instalación de la antena si la contrapartida -que ofrece la empresa de telefonía- no se destina a la comunidad afectada, especialmente para la reparación del camino empedrado que cruza por la compañía Yhacaroysa.
La moción del edil Bobadilla no fue aceptada, pero consiguió atrasar por una semana más el estudio del referido expediente. El mismo Ayala sostuvo que, si la compensación no será destinada a la comunidad afectada, mantendrá su postura por el rechazo de la aprobación de la instalación de la antena.
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