El concejal municipal de Caacupé, Marcelo Portillo (ANR), en la sesión ordinaria de la Junta Municipal de la víspera, reveló que la expendedora de gas en garrafas, siniestrada la semana pasada, en el barrio San Blas de esta capital departamental, contaba con un patente comercial pagada en la municipalidad local y responsabilizó a la administración del intendente Diego Riveros por no realizar la inspección del lugar.
“Ese señor, Gerardo Barrientos (dueño del depósito de garrafa), tenía una patente pagada como vendedor ambulante de gas y dice inspección del lugar. En el 2023 el monto que pagó fue de 218.000 guaraníes ¿Y qué se inspeccionó? ¿Se inspeccionó el lugar?, Gran parte de la responsabilidad tiene también el municipio por no hacer las verificaciones correspondientes”, sostuvo el edil caacupeño.
Portillo sostuvo que junto con los concejales Óscar López, Celeste Vera y Emilio Ortega, estuvieron en el negocio incendiado y donde explotaron las garrafas para levantar informes sobre el hecho que puso en peligro a los habitantes de la zona donde ocurrió el siniestro.
CONTROL DE SITIOS CONCURRIDOS
El concejal también refirió que existe una ordenanza municipal vigente que obliga a la municipalidad a realizar controles anuales de sitios comerciales donde la concurrencia es masiva. Entre estos lugares mencionó el hospital regional de Caacupé, los supermercados, las discotecas, los patios de comidas.
“Tenemos que analizar entre los concejales cómo están los supermercados, el hospital regional, los patios de comida, las discotecas que tenemos en la ciudad, creo que el barrio Loma se está habilitando uno nuevo. Cómo están esos lugares, si tienen bocas de salidas de emergencia, extintores”, subrayó el integrante de la Junta Municipal.
LUGAR NO HABILITADO
Tras el voraz incendio del depósito y la explosión masiva de las garrafas cargadas con gas licuado, los técnicos del Ministerio de Industria y Comercio (MIC), del Instituto de Tecnología y Normalización (INTN) y del Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible (Mades) intervinieron y verificaron el lugar. Allí descubrieron que el propietario del depósito no contaba con documentos de las referidas instituciones que le habilitaban para la venta de gas en garrafas.
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