CONFLICTO. El terreno con dos dueños tiene 1662 m2 y dividido suma 5 lotes juntos.
En ningún momento el intendente de Caacupé, Diego Riveros (PLRA), salió para explicar a la ciudadanía qué fue lo que pasó realmente en el sonado caso del “doble cobro” en la venta de un terreno municipal. Desde la municipalidad nadie habló sobre la ordenanza municipal N° 21/2011 que establece requisitos para el arrendamiento y venta directa de lotes municipales y cuyos artículos pasaron por alto en el caso de público conocimiento.
Los artículos 4° y 13° dejaron pasar por alto en la municipalidad para ejecutar el acto administrativo del cobro en el mismo día a dos compradores y a espalda de la Junta Municipal. Si bien, una de las partes tenía una resolución del año 2021, no cumplió con el contrato que estipula el pago por el arrendamiento y por lo tanto ya no tenía derechos sobre el terreno municipal, pero igual le cobraron todo junto por cuatro años de atraso.
TODO ESTÁ ESCRITO. Pretenden “politizar” gestión municipal, dicen; pero no hablan de lo que establece la ordenanza.
En el caso también se habría trasgredido el artículo 5° de la ordenanza municipal N° 21/2011. Claramente en este articulado se establece que: “Un arrendatario podrá solicitar un lote más en las mismas condiciones que el primero, siempre que las edificaciones estén basadas a (en) las disposiciones legales introducidas en el mismo (sic)”. En el caso que nos ocupa, el terreno adjudicado tiene 1662 metros cuadrados y dividido hace 5 lotes normales.
Igualmente se trasgredió el artículo 6° de la referida normativa municipal que estipula que: “La concesión de más de dos lotes a una misma persona o entidades sin fines de lucro, en forma simultánea (sic), será exclusiva potestad de la Junta Municipal”. En este caso, la hermana de la funcionaria municipal y su pareja compraron en forma directa, sin resolución municipal, 1662 metros cuadrados que hace 5 lotes normales.
CONTRATO. De arrendamiento es por término de un año, prorrogable de común acuerdo.
Hasta el momento no se sabe si hubo desprolijidad administrativa o complicidad de funcionarios de la administración de Riveros. En este conflicto de posesión del terreno municipal ya tuvo consecuencias legales. Las partes afectadas ya iniciaron acciones legales sobre violencia contra la mujer. Incluso el Juzgado ya emitió prohibición de acercamiento de una de las partes a la otra.
